Frente a la reciente conformación de una Comisión Académica del Gobierno para redactar varios proyectos de Constitución sobre los que trabajaría la Asamblea Constituyente, me permito hacer algunas reflexiones:
La Constitución Política del Estado debe ser concebida como un ACUERDO BASICO de nuestro pueblo: “Nosotros los ecuatorianos nos ponemos de acuerdo para hacer las siguientes reglas del juego político:...”
Esta nueva Constitución, como instrumento de unidad política del Estado, no puede nacer como una imposición de soluciones coyunturales, sino más bien de un proceso de consenso general. Un Acuerdo Básico. Este acuerdo básico debe tener como primicia fundamental la necesaria convicción de todos los que hacemos el consenso (el pueblo del Ecuador) de respetar la nueva Constitución y de utilizarla como fundamento del Estado mismo. Ese es el consenso fundamental. Para facilitar esta labor de respeto a la Constitución, es necesario, que ninguna fracción SIGNIFICATIVA de los grupos políticos o sociales rechace el texto constitucional, dado que si la rechazan, cuando estos lleguen al poder, van nuevamente a propiciar una Asamblea Constituyente.
¿Cómo se logra la estabilidad y el respeto al texto constitucional? Otorgándole un carácter abierto a la nueva Constitución. ¿Qué es una constitución abierta? Es aquella que contiene las reglas del juego en un marco flexible, definidor a largo plazo de un óptimo social y económico que puede y debe realizarse de una u otra forma en virtud del juego plural de las fuerzas políticas… (Santamaría Pastor, J.A.) Esto quiere decir que la Constitución no está para satisfacer un determinado modelo ideológico (liberal, socialista, etc…), sino que debe garantizar y fomentar el pluralismo político, por medio del cual hoy nos rige una hombre de izquierda y el siguiente presidente que elijamos puede ser de derecha o de centro. Los Gobiernos pasan, el poder se transfiere, pero la Constitución debe perdurar hasta que se agoten todas las vías posibles para su desarrollo y ejecución. Es por esto que la misma debe establecer las reglas básicas en las que todos estamos de acuerdo y que por eso mismo se tornan en BASICAS. Estas reglas básicas deben ser lo suficientemente generales para que la Constitución no puede concebirse como un sistema cerrado de instrucciones vinculantes, precisas y unívocas, sino como un cauce, un marco de límites externos dentro de los las cuales las diferentes fuerzas políticas que se encuentren en el poder, producto de la voluntad soberana, puedan ejercerlo libremente.
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2 comentarios:
La Constitucion tiene que ser producto de una deliberacion social, pero una deliberacion en ciertas condiciones ¨ideales¨ que justamente tienden a ser lo opuesto a las deliberaciones imperfectas que producen mayorias transitorias y soluciones coyunturales.
Estrictamente hablando, nunca se pueden cumplir las condiciones ideales, tal cosa supondría información perfecta quizas cierto grado de altruismo, quizas solidaridad con als generaciones futuras, o ciertas preferencias de riesgo. Fuera de este ideal, sin embargo, esta claro que hay mejores y peores condiciones en las que puede darse el debate.
Este proceso de reforma, encausa el debate a estas condiciones? Que podmeos decir de el, y de que punto de vista podemos juzgarlo? En algun comentario anterior mostre mi desacuerdo con alterar nuestra situacion constitucional, pero por estas objeciones no quise ser anti-democratico, sino justamente, me preocupara que no hubiera suficiente democracia en el proceso (porque el concenso transitorio de las masas no es suficiente para hablar de democracia en mi opinion). Yo creo que la pregunta sigue siendo vigente - y mas aun despues del comportamiento ilegal del TSE - en el Ecuador hay suficiente democracia para intentar una reforma de nuestro sistema constitucional y si la respuesta es negativa, deberiamos intentarlo de todas formas?
A continuación un artículo que les puede interesar por parte de una persona reflexiva y con profundos conocimientos en derecho (decanod e la facultad). Vale la pena considerar que detras de el idealismo de la consulta y la constituyente plenipotenciaria existen enormes vacios y a mi parecer, un discurso demagogico y populista que en nada se diferencia de la tan trillada "partidocracia" contra la que está de moda arremeter con furia.
EL COMERCIO Marzo 15 2007
Abolición de la legalidad Por Fabián Corral B.
Perspectivas Legales
Con constituciones y leyes buenas o imperfectas, con tribunales medianos, con magistrados brillantes unos y mediocres los más, sin embargo, el país ha vivido anclado en la 'convicción de la legalidad', en la idea de que las conductas deben sujetarse a las reglas; que las autoridades tienen límites y que deben justificar sus actos basándose en normas; que los derechos deben respetarse y que su violación acarrea consecuencias.
Lamentablemente esa 'convicción de legalidad' no llegó a construir, como en otros países, una cultura jurídica.
Penosamente, la violación de la ley y de los derechos de las personas se hicieron frecuentes y quedaron en la impunidad y, lo que es peor, la convicción de la legalidad se vio desmentida, con alarmante frecuencia, por el propio Estado y sus autoridades, que, desde hace tiempo, privilegian el pragmatismo político y sus visiones ideológicas sobre el respeto a los preceptos del Estado de Derecho.
Hemos llegado al extremo de que asuntos básicos de la civilización jurídica, como el principio de legalidad, los límites del Estado, el valor y la permanencia de la Constitución, el derecho a juicio previo y justo incluso en lo político, sean temas que suscitan la sospecha de que quien los defiende, está defendiendo el statu quo, y que es adversario del cambio y hasta enemigo de la democracia, entendida como tumulto sin reglas y griterío sin reposo.
Nunca antes en el Ecuador se ha extendido tanto en ciertos sectores la idea de la 'maldad esencial de la legalidad', de que la CP es estorbo, la ley obstáculo a sortear de cualquier modo; de que si la Constitución incómoda, o se la reforma o se la tumba; de que si la ley impide algo, se la orilla con el reglamento; o de que los tribunales tienen la potestad discrecional para decir lo que quiera y así salir del paso incómodo. Nunca antes la sociedad abdicó tan dramáticamente de sus principios.
En ese entorno, y aprovechando la crisis de la legalidad, el pragmatismo político, al parecer, apunta a hacer algunas cosas concretas:
1.- Desmontar la legalidad y las instituciones que quedan.- Una vieja aspiración de las izquierdas ha sido la de emplear el poder para desmontar las 'herencias institucionales' que reciben y construir desde cero otro entorno, otro sistema económico y legal, todo desde la simple apreciación ideológica, es decir, desde un dogmatismo casi religioso, sin que importe lo que la realidad dicte, ni los límites que imponen los valores subyacentes en la comunidad, ni los derechos que el viejo sistema estableció, ni lo que piensen los oponentes. En eso está ahora empeñada la neo izquierda latinoamericana -a eso llaman la 'refundación' para mayor claridad- Un buen ejemplo es lo que se hace en Venezuela: con precisión de relojería se desmonta la legalidad y se hace tabla rasa de toda la herencia institucional. La idea es construir, en el terreno baldío que queda, el socialismo del siglo XXI según lo entiende un caudillo.
2.- La razón de ser de los poderes totales.- Si se trata de desmontar 'toda la herencia institucional' la lógica que se maneja es que los encargados del trabajo de 'relojería política de desmonte' deben tener todas las atribuciones. No hay límite a sus potestades. No hay rendición de cuentas, porque la teoría es que tales asambleístas quedarían investidos de la integridad de la 'soberanía'. La tesis implícita, y no confesada, es que el pueblo, les entregaría todos sus derechos, sin reserva de ninguno y que ellos, por tanto, pueden hacer lo que según su libre convicción convenga, o mejor, según lo que la mayoría dicte.
Esto es importante ya que los votantes deben estar conscientes de que los asambleístas quedarán investidos de potestades totales y que nadie podrá revertir ni anular lo que así se resuelva. Así pues, tanto el desmonte de las instituciones -en eso consiste la reestructuración institucional a que alude el Estatuto de la consulta-, como la elaboración de una nueva Constitución responden a ese esquema de entrega de poderes absolutos.
3.- Algunos temas probables de la reestructuración institucional y del desmontaje de la legalidad.- Más allá de que la asamblea pueda hacer reestructuraciones concretas de entidades públicas (tribunales, por ejemplo), y como no se conoce cuál será específicamente la dirección de la nueva legalidad -nadie lo ha dicho-, debemos suponer que la urgencia y la insistencia de la conformación de la asamblea puede apuntar, probablemente, a:
a) Modificar el esquema económico, y el papel del Estado frente al mercado, y modificar temas como el derecho de propiedad y sus garantías, el sistema financiero privado y público, la capacidad de disposición de los bienes transables y de la moneda y sus eventuales limitaciones, el régimen monetario, el régimen tributario (patrimonio, ganancias, etc.); los regímenes concesionados y su concentración en el Estado; los monopolios públicos; el régimen de precios controlados, la inversión extranjera y sus garantías, el respeto o la revocación de los convenios internacionales de protección de inversiones, etc.
b) La reestructuración territorial, que apuntaría, como lo declaró recientemente un funcionario público, a asegurar un nuevo sistema de representación política, es decir, de afianzamiento del poder. Allí el debate colocaría en el ojo del huracán a las actuales provincias, que podrían perder para siempre su condición de unidades territoriales político-administrativas, y ser reemplazadas por regiones u otra forma semejante. Esto acarrearía la modificación sustancial de conceptos muy ligados a las provincias, como las prefecturas, las empresas públicas provinciales, etc.
c) El sistema educativo.- Si la reestructuración institucional es ambiciosa, como parecería, un tema crucial a discutirse será el de la educación. Si se la considera, como ocurre en los regímenes de izquierda, como atribución exclusiva del Estado, habrá que preguntarse por el destino de la educación privada, por la capacidad de elección de la escuela o colegio, por la libertad de enseñanza y por los contenidos libres o controlados de lo que se enseñe. Esto es crucial conocer y no dejar librado al albedrío de una mayoría de asambleístas. Igual ocurre con la educación universitaria y su autonomía académica.
d) La seguridad social. ¿Se admitirá un sistema mixto de pensiones o se consolidará el modelo estatista, 'autónomo' e ineficiente? ¿Se reconocerá la propiedad de los fondos de la seguridad social de los afiliados y jubilados o seguirán en el limbo estatal? Además el régimen laboral, el sistema judicial, etc.
Estos son algunos temas que podría tratar la asamblea, más allá de los asuntos políticos en los cuales se ha centrado la atención de la ciudadanía. Es necesario que el Ejecutivo explique cuáles son sus visiones sobre los asuntos esenciales de la vida del país, para que un debate informado, sereno y prudente permita que los electores, en el evento de la asamblea, voten conociendo la naturaleza de su decisión, las dimensiones del encargo a los asambleístas y el país que se desea en el futuro. En esto no puede haber sorpresas.
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