Santa Cruz, Guayaquil y Québec

La voluntad autonomista de Santa Cruz en Bolivia ha sido confirmada tras la aprobación con el 85% de los votos del Estatuto del gobierno autónomo en el referéndum de 4 de mayo de 2008. De la misma manera, hace algún tiempo, las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Sucumbíos mediante las consultas populares de 23 de enero, 13 de febrero y 17 y 24 de septiembre de 2000 plebiscitaron favorablemente para acceder a un régimen autonómico. En ambos casos, el poder central ha rechazado estos pronunciamientos y como consecuencia de ello —y de la falta de insistencia y organización de los poderes autonómicos— se ha evitado la implantación de regímenes autonómicos dentro del respectivo país que reconozcan la diversidad de las regiones y permitan un desarrollo regional.

Antecedentes de este tipo hay muchos, pero existe uno en particular, que por su ingeniosa y ecléctica solución llama mucho la atención. Esta se contiene en la decisión del Tribunal Supremo de Canadá de 20 de agosto de 1998 que, aunque dirigida al problema del reconocimiento al derecho de autodeterminación de Québec de Canadá, reconoce la obligatoriedad de los poderes públicos de entablar negociaciones de buena fe tendientes a lograr soluciones pacíficas, cuando existe una voluntad democrática clara y contundente a favor de la secesión. Esta sentencia dio origen al Clarity Act de 29 de junio de 2000, que establece los términos en que se llevaría a cabo dicha negociación y mediante el cual la Cámara de los Comunes de Canadá se erige como ente legitimado para negociar una eventual secesión de una provincia de la federación canadiense.

En este sentido, el Tribunal Supremo de Canadá, frente a una consulta del gobierno federal, reconoce tajantemente que la separación unilateral de algún territorio de la federación canadiense es inconstitucional. Sin embargo, este tribunal reconoce una obligación de los poderes públicos de negociar de buena fe una reforma constitucional en el caso que, a través de los cauces democráticos, se demuestre la existencia de una mayoría clara a favor de la secesión de algún territorio de la federación. Es decir, el principio democrático, avalado por el referéndum, no es justificación de una eventual ruptura constitucional, sino que se constituye como principio legitimador de un proceso de reforma constitucional —enunciado que nunca entendieron los asambleístas ecuatorianos y por eso siguen rompiendo sistemáticamente la Constitución de 1998—.

Esta misma doctrina puede ser aplicada al caso de Bolivia y de Ecuador. Es claro que en ninguno de los dos países Santa Cruz o Guayas hayan aspirado a la concesión de un derecho de autodeterminación de sus regiones. Lo que se reivindica es el reconocimiento de un régimen de autonomía que permita, dentro del Estado, reconocer las peculiaridades de cada pueblo y admita un manejo más democrático y eficiente del poder público. En todo caso, si la obligación de negociar de buena fe, en aplicación del principio democrático, es justificable cuando se trata de un derecho de autodeterminación, más aun lo será cuando lo que se reivindica, con una clara y abrumadora mayoría, es el reconocimiento de un derecho a la autonomía.

El gobierno boliviano, que tanto hace alarde de sus raíces democráticas, tiene la obligación de sopesar esta inequívoca manifestación de voluntad del pueblo de Santa Cruz y de negociar una solución democrática con los poderes autonómicos —ahora legitimados políticamente por el referéndum—, a través del reconocimiento de una estructura autonómica en Bolivia. De la misma manera, en el Guayas se debe reivindicar el pronunciamiento popular del referéndum de 23 de enero de 2000 y demandar de los poderes públicos —estatales, provinciales y municipales— una solución pacífica a la demanda autonómica que evite pasar por las tensiones políticas y cívicas por las que ahora atraviesa Bolivia.

los jóvenes como el futuro...

“Los jóvenes son el futuro de la patria”, esta es la frase típica, casi tomada como axioma, de aquellos que intentaron sin éxito cambiar el rumbo del país. La pregunta que debemos hacernos los aludidos por esta frase es: ¿Somos realmente el futuro? ¿O seguimos metidos en los mismos tentáculos, en la misma manera de hacer política y de vivir nuestra vida en sociedad?

Mi primera impresión es que no lo somos. Nuestra generación, y con ello me refiero a aquellos profesionales y jóvenes trabajadores nacidos desde la década de los 70, ha sido absorbida por las viejas maneras que involucran un irrespeto por las instituciones, un amor por la improvisación, y en general indiferentes frente a la corrupción.

No quiero afirmar esto sin fundamentos, los hago en mi condición de haber estudiado parte de mis estudios de bachillerato y universidad en Ecuador, EEUU y España.

En Ecuador la Universidad fue -con brillantes excepciones- un circo de improvisación de profesores que daban las clases a la hora que mejor les convenía, durante el tiempo que les placía. Luego claro, estaban los exámenes escritos en donde la copia, la polla y el celular eran los mejores aliados de paradójicamente los mejores alumnos. Personalmente tengo que hace una confesión. Copié una vez en un examen escrito durante mi quinto año de Universidad, a cuyo profesor ahora me confieso y disculpo públicamente, ya que lo hice privadamente inmediatamente después del examen. Pero mi caso, aunque vergonzoso, no fue el único y de lejos el peor. Durante toda mi carrera universitaria observé a cientos de compañeros y amigos hacer lo imposible por engañar en los exámenes a sus profesores, ya sea copiando la respuesta de otro compañero o de un pequeño papel, incluso sacando durante el examen el mismo texto de estudio. Todo esto por una mejor calificación.

Al final del camino creo que se han engañado a ellos mismos y han sucumbido a la tentación del camino fácil, han tomado la vía de la corrupción. Esos alumnos están ahora, más predispuestos a copiar en el examen para acceder a la función pública, más predispuestos para sobornar al vigilante, al juez o al funcionario público. En definitiva, más predispuestos a continuar las prácticas sucias, ineficientes y excluyentes que ha mantenido la política ecuatoriana hasta la actualidad. Esos mismos ‘copiones’ son ahora diputados, y mañana serán jueces, ministros o Presidentes ¿Qué podemos esperar de ellos? Lo mismo de siempre.

Durante mi estancia en EEUU y en España, me he dado cuenta que el alumno tiene un mayor sentimiento de responsabilidad frente a su carrera y un respeto reverencial hacia sus profesores, en su inmensa mayoría catedráticos con títulos de doctor en la materia que imparten. Salvo una ocasión, no he escuchado de un alumno copiando en su examen, o que su compañero se lo permita.

Pero tampoco podemos caer en una premonición fatalista y dejar de lado las esperanzas de un país mejor, porque, en palabras de Jorge Enrique Adoum, “es mas necesario que nunca creer en el país, la vida no valdría nada si no creemos en el país, en su gente buena, en su vocación de paz, en su capacidad de levantarse tras la zancadilla que le echan, en su fuerza para resistir.”

Ecuador, nación de naciones...

Esta frase nace del debate constituyente español de 1978 para explicar el fenómeno de la existencia de naciones dentro de la única nación española. Esta calificación sostenida en los profundos debates constituyentes españoles —inexistentes en el nuestro— fue descartada del ordenamiento jurídico (salvo ciertos preámbulos de Estatutos con mero valor interpretativo) por su proximidad con el principio de nacionalidades recogido en la Carta de la NN.UU. y que reconoce el derecho de autodeterminación de las naciones. La España plurinacional estaba ligada inexcusablemente al derecho de autodeterminación de las naciones que la integran, principalmente por la interpretación que al término le dieron los constituyentes vascos. La solución de la Constitución española para satisfacer esta exigencia de los pueblos españoles, con el afán de asentar la democracia y mantener la unidad, fue la de reconocer —no crear— la existencia de nacionalidades dentro de la indisoluble unidad de la nación española, descartando expresamente el derecho a la autodeterminación de las mismas.

La principal objeción a este reconocimiento, se ha dicho, es que el nacionalismo persigue lograr la independencia como ocurre en España con el País Vasco y Cataluña. Pues esto no es cierto del todo. Un nacionalismo entendido como movimiento independentista puede tener esas consecuencias, pero el reconocimiento de nacionalidades —entendidas como la Kulturnation que explica Meinecke— que integren la nación superior no tiene porque sufrir de esas consecuencias. Eso sí, este reconocimiento a las nacionalidades deberá tener efectos y evitar convertirse en una mera declaración literaria de la Constitución, por lo que a través de la misma se deben satisfacer las demandas o cuotas de autogobierno reclamadas legítimamente por dichas nacionalidades.

Se debe recordar que los Estados complejos —aquellos en que el poder se divide territorialmente i.e. federales, confederales, autonómicos, regionales— se fundamentan precisamente en el reconocimiento, en mayor o menor medida, de potestades de autogobierno de los entes territoriales que lo integran, sean estos llamados nacionalidades, regiones, estados federados, entre otras denominaciones. Reconocer la nacionalidad de una colectivo, no implica per se el reconocimiento de un derecho a la autodeterminación de los mismos. El ejemplo está, precisamente, en la unidad de la nación que el Tribunal Constitucional ha defendido en España, y su equivalente en Bélgica, Canadá y Alemania.

A final de cuentas, estas declaraciones son siempre de origen polisémico, con lo cual se debe procurar que la interpretación que demos al Estado plurinacional ecuatoriano sea aquella que reconozca la existencia de nacionalidades que integren la indisoluble nación ecuatoriana. Siempre van a existir excepciones que confirman la regla, pero lo que no se puede hacer es bajo el pretexto de que ciertos exagerados tomarán este reconocimiento como excusa para fundamentar sus aspiraciones independentistas, no reconocer una irrefutable realidad ecuatoriana, cual es, la existencia de nacionalidades que integran la nación ecuatoriana.

Descentralización???

El gobierno pretende descentralizar el Estado ubicando las diferentes sedes de los poderes del mismo en diferentes ciudades del país. El poder legislativo en Montecristi, el judicial en Cuenca y el ejecutivo en Quito. Se debe ser muy claro y contundente, el ubicar las sedes de los poderes del Estado en diferentes ciudades no es descentralizar. No se ha dividido territorialmente el poder político —a través de la creación de asambleas regionales legislativas—, ni se han creado nuevos centros de decisión política —con los poderes ejecutivos autonómicos—. Con esta reubicación sigue existiendo un solo poder legislativo, un ejecutivo y un poder judicial, sea cual sea su localización, que concentran todo el poder político y utilizan anacrónicas técnicas centralizadoras de gobierno.

Entonces, ¿porque quieren ubicar las sedes de los poderes del Estado en diferentes ciudades? Para crear una cortina de humo, un disfraz, un engaño que haga pensar que existen procesos de descentralización cuando en realidad no ocurren. Eso no es descentralizar.

Ahora en el caso de que esta absurda reubicación tenga éxito, la pregunta es ¿porque no se consideró a la ciudad con mayor población y motor económico del Ecuador? Este gesto simbólico carece de importancia funcional —dado que no existe de por medio una descentralización efectiva— pero, de hacerse, revista una gran importancia simbólica. Como se sabe los símbolos, carecen de una importancia práctica, pero recubren una inmensa importancia emocional e histórica. Entonces si lo que se quiere es encender la llama de la independencia, lo mejor es despojar a un colectivo, por la fuerza, de su identidad y de su lugar en la historia. Basta con mirar lo que hizo Franco con los vascos o los ingleses con Irlanda y que dieron origen a ETA y al IRA, respectivamente.

Suerte han tenido los políticos ecuatorianos a lo largo de la historia que no se haya creado un movimiento semejante que —reivindicando la legitimidad de la declaración de Independencia del 9 de Octubre de 1822 y el Estado de la Provincia Libre de Guayaquil— reclame la independencia de esta ciudad. Menos legitimación histórica ha dado origen a partidos políticos o movimientos independentistas en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Galicia, existe el Bloque Nacionalista Gallego, en Cataluña, Convergencia y Unión, e incluso en Milán existe la Liga del Norte. Y digo suerte desde la absoluta convicción de que semejante movimiento sería nefasto para el Ecuador y para Guayaquil, y también lo sería el ideal nacionalista en las presentes circunstancias. Nada más el costo de una guerra civil de independencia sería desde el punto de vista humano incalculable y desde el punto de vista económico inmanejable.

Es indudable que semejante irrespeto a Guayaquil despojándola de una de las sedes de los poderes del Estado, traerá consecuencias más graves de las que prevén los asambleístas, ya que los símbolos crean llamas y éstas incendios, que a veces se tornan incontrolables. Esperemos que este no sea el caso y que se otorgue a Guayaquil lo que se merece.